Asociación de Farmacias cuestiona «sabotaje» de la junta

La Asociación de Farmacias de Comunidad tildó de sabotaje la impugnación por parte de la Junta de Control Fiscal a la Ley 82 de 2019, que regula a los Manejadores (PBM) y los Administradores (PBA) de Beneficios de Farmacia, en protección de los pacientes y farmacias.

“Luego de más de 10 años de trabajo para lograr esta legislación, es injusto que se vaya a permitir que estas entidades sigan tomando decisiones que afectan a nuestros pacientes y proveedores de salud, sin que ninguna agencia del Estado tenga jurisdicción sobre sus acciones”, señaló la directora ejecutiva de la Asociación, Linda Ayala Bousson.

En una demanda reciente, la junta fiscal argumenta que la Ley 82 —que regula aspectos de precios de medicamentos, regulación de farmacias y el ejercicio de la medicina— es inconsistente con el plan fiscal certificado.

En respuesta, el Gobierno de Puerto Rico presentó seis demandas individuales contra el ente rector, por dicha ley y otros cinco estatutos impugnados por la junta.

“Al detener esta legislación, se deja desprovistos a pacientes y farmacias de un recurso que incide sobre la salud de todo aquel que tenga un plan médico público o privado. Deja a los pacientes con limitaciones en el acceso a los medicamentos, a los tratamientos para sus condiciones de salud y evita reducir el alto costo de los medicamentos”, agregó Ayala Bousson.

Los PBM y PBA son intermediarios entre los planes médicos de salud y las farmacias, que administran la cobertura del plan de medicamentos de miles de pacientes en la Isla a través de contratos con las farmacias.

Ambas deciden los medicamentos que se incluyen o excluyen de los formularios de medicamentos y cuánto se les paga a las farmacias por esos medicamentos que le despachan al paciente.

“En muchas ocasiones, esos pagos a las farmacias están por debajo del costo de adquisición del medicamento, estando las farmacias obligadas contractualmente a suplir los mismos so pena de cancelación de contrato. Esto es un abuso que esperábamos se terminara con la aprobación de esta ley”, expresó Ayala Bousson.

La directora ejecutiva instó a la junta fiscal a reexaminar su impugnación a la ley, al tiempo que no descartó tomar otras medidas contra la acción que describió como impropia e incomprensible.

“En la medida en que la relación farmacia-PBM se atienda de forma adecuada se salvaguarda el acceso a medicamentos y se minimizan eventos de descompensación del paciente, complicaciones de salud, hospitalizaciones y la generación de otras condiciones que provocan de forma directa un aumento en el costo de salud que finalmente paga la ciudadanía”, puntualizó.

En Puerto Rico operan seis PBM, aunque el mercado está controlado por tres de estos: MC21, Abarca y PharmaPix.

Suscríbase a nuestros boletines

Oficinas

239 Avenida Arterial Hostos, Suite 403San Juan, PR 00918-1475Ver Mapa

Nuestro Horario

Lunes - Vier: 8:30 AM - 6:00 PMSábado: CerradoDomingo: Cerrado