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Farmacias de Comunidad celebran firma del gobernador de ley para vacunar jóvenes

San Juan – Miembros de la Asociación de Farmacias de Comunidad felicitaron este miércoles al gobernador Ricardo Rosselló Nevares por convertir en ley el Proyecto del Senado 40 de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que enmienda la Ley de Farmacia para permitir a los farmacéuticos certificados a vacunar jóvenes entre las edades de 12 y 17 años, el cual contribuirá a facilitar el acceso a esta población que, en muchos municipios, actualmente enfrenta  escasez de lugares de vacunación.

“Esta ley nos va permitir ampliar los servicios de vacunación a este grupo entre 12 a 17 años que es cuando bajan los porcientos de inmunización. Esto facilitará la vacunación en municipios de la isla donde no abundan los centros de vacunación ni los pediatras vacunan en sus oficinas”, expresó Linda Ayala, directora ejecutiva de la Asociación en declaraciones escritas.

“Lo que se pretende es que estos jóvenes se puedan inmunizar en las farmacias de comunidad. Esto no implica que esa inmunización sustituya una visita al pediatra para realizarse un examen físico. Durante el pasado brote de influenza en el país, las farmacias de comunidad probaron ser vitales para ayudar a inmunizar a la población porque los pacientes confían en su farmacia de comunidad y cuando esa farmacia vacuna, el porciento de vacunación aumenta. Hay farmacias de comunidad en todo el país y están abiertas los siete días de la semana y en la noche, facilitándole la inmunización a los padres. Además, cuentan con inventario de vacunas disponible”, añadió.

Los farmacéuticos cuentan con protocolos establecidos para identificar cualquier situación comprometedora de salud en los pacientes.

Una auditoría operacional de la Oficina de la Contralora de 2015 de la División de Vacunación de Salud para evaluar la Accesibilidad de los Menores a los Servicios de Vacunación encontró que “El Sistema de Vacunación es efectivo en proveer acceso a los servicios de vacunación a los niños y adolescentes que son beneficiarios públicos, pero no es efectivo en proveer acceso a los servicios de vacunación a los pacientes privados menores de 18 años. El paciente privado se ve afectado por la insuficiente participación de los pediatras en proveer los servicios de vacunación. A diciembre de 2014, 17 municipios (22 por ciento) no contaban con proveedores para atender pacientes privados. Estos son: Ceiba, Ciales, Culebra, Florida, Guánica, Hormigueros, Lajas, Las Marías, Maricao, Maunabo, Morovis, Peñuelas, Rincón, Salinas, Santa Isabel, Vieques y Villalba”, decía la auditoría operacional.

En el país hay sobre cincuenta farmacias de comunidad certificadas con servicios de inmunización, así como decenas de otras en proceso de certificarse para colaborar, junto al DS, con los índices de vacunación requeridos por el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Las farmacias vacunan contra influenza, neumococo, culebrilla, varicela, hepatitis, tétano y Virus del Papiloma Humano, entre otras, las cuales son cubiertas por la mayoría de los planes médicos.

En Puerto Rico, hay unas 750 farmacias independientes de comunidad que le brindan servicios a miles de pacientes.

Asociación de Farmacias cuestiona «sabotaje» de la junta

La Asociación de Farmacias de Comunidad tildó de sabotaje la impugnación por parte de la Junta de Control Fiscal a la Ley 82 de 2019, que regula a los Manejadores (PBM) y los Administradores (PBA) de Beneficios de Farmacia, en protección de los pacientes y farmacias.

“Luego de más de 10 años de trabajo para lograr esta legislación, es injusto que se vaya a permitir que estas entidades sigan tomando decisiones que afectan a nuestros pacientes y proveedores de salud, sin que ninguna agencia del Estado tenga jurisdicción sobre sus acciones”, señaló la directora ejecutiva de la Asociación, Linda Ayala Bousson.

En una demanda reciente, la junta fiscal argumenta que la Ley 82 —que regula aspectos de precios de medicamentos, regulación de farmacias y el ejercicio de la medicina— es inconsistente con el plan fiscal certificado.

En respuesta, el Gobierno de Puerto Rico presentó seis demandas individuales contra el ente rector, por dicha ley y otros cinco estatutos impugnados por la junta.

“Al detener esta legislación, se deja desprovistos a pacientes y farmacias de un recurso que incide sobre la salud de todo aquel que tenga un plan médico público o privado. Deja a los pacientes con limitaciones en el acceso a los medicamentos, a los tratamientos para sus condiciones de salud y evita reducir el alto costo de los medicamentos”, agregó Ayala Bousson.

Los PBM y PBA son intermediarios entre los planes médicos de salud y las farmacias, que administran la cobertura del plan de medicamentos de miles de pacientes en la Isla a través de contratos con las farmacias.

Ambas deciden los medicamentos que se incluyen o excluyen de los formularios de medicamentos y cuánto se les paga a las farmacias por esos medicamentos que le despachan al paciente.

“En muchas ocasiones, esos pagos a las farmacias están por debajo del costo de adquisición del medicamento, estando las farmacias obligadas contractualmente a suplir los mismos so pena de cancelación de contrato. Esto es un abuso que esperábamos se terminara con la aprobación de esta ley”, expresó Ayala Bousson.

La directora ejecutiva instó a la junta fiscal a reexaminar su impugnación a la ley, al tiempo que no descartó tomar otras medidas contra la acción que describió como impropia e incomprensible.

“En la medida en que la relación farmacia-PBM se atienda de forma adecuada se salvaguarda el acceso a medicamentos y se minimizan eventos de descompensación del paciente, complicaciones de salud, hospitalizaciones y la generación de otras condiciones que provocan de forma directa un aumento en el costo de salud que finalmente paga la ciudadanía”, puntualizó.

En Puerto Rico operan seis PBM, aunque el mercado está controlado por tres de estos: MC21, Abarca y PharmaPix.

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