Débil aplicación de la Ley de Monopolio en Puerto Rico: los casos se pueden contar con los dedos de una mano

Débil aplicación de la Ley de Monopolio en Puerto RicoPara que Puerto Rico sea “ un mercado de libre competencia y competencia justa”  se necesita un estatuto que aclare las lagunas que aún quedan pendientes en la Ley de Monopolio vigente, y sobre todo, que se aplique la ley vigorosamente, que haya mayor fiscalización y que se mejoren las investigaciones porque aquí los casos que se han sometido sobre el tema se pueden contar con los dedos de una mano.

 

Con ese diagnóstico llega a la secretaría auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) Jesús Alvarado, un abogado de 29 años, graduado de Harvard y egresado de los bufetes de O’Neill y Pietrantoni, quien admite que como en Puerto Rico la aplicación de esas regulaciones de competencia justa “  no ha sido muy fuerte” ,   no existe “  el cúmulo de jurisprudencia que aclare esas disposiciones”   .

En Estados Unidos donde, según explicó, ha habido muchísima discusión en los tribunales, donde se han aclarado conceptos y ya hay nociones bastante definidas de lo que se permite y no se permite al amparo de la regulación.

A su juicio, no se trata necesariamente de una deficiencia del texto legislativo, sino que la aplicación de esas regulaciones aquí “  ha sido débil”  .

A acelerar las investigaciones

“  A pesar de que la Ley contiene unas disposiciones de índole criminal, la historia de los casos que se han presentado aquí por la vía criminal sobre monopolio los puedo contar con una mano. A eso me refiero cuando digo que la aplicación ha sido parca o débil”  , destacó.

Para dar certidumbre a todos los miembros, tanto del mercado como a los consumidores, el compromiso de Alvarado, quien también se desempeñó como oficial jurídico de la jueza asociada del Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez, sostiene que hay que acelerar las investigaciones presentes, y las que abrirá según sea necesario, y llevarlas “  con los recursos que tenemos a su punto final de una forma eficiente”  .

Débil aplicación de la Ley de Monopolio en Puerto RicoSabe que no tiene recursos. El año pasado la oficina solo contaba con nueve empleados y un presupuesto menguado. De modo que su intención es reeducar al personal exponiéndolos a nuevos seminarios y nuevas doctrinas para que vayan adquiriendo mayores conocimientos.

Hay que ser más agresivos

“  Yo creo que podríamos ser un poco más agresivos en la aplicación de la Ley y un poco más creativos para crear nuevas doctrinas de manera que la oficina tenga más garras y llegar a unos acuerdos que en el pasado no se evaluaban. Me parece que hay que echarle un ojo con cuidado para poder descifrar o descubrir si en realidad estamos ante conductas que pueden gravar la competencia”  , precisó.

Entre los planes del funcionario también figura ampliar la División de Estudios Económicos del Departamento de Justicia, allegando más recursos tanto humanos como tecnológicos, y traer más investigadores de modo que los abogados no tengan que hacer ellos mismos las investigaciones –como ha pasado antes- y puedan dedicar más tiempo al análisis del derecho. “  Hay mucho por desarrollar: métodos de investigación que sean más eficientes, cómo los asuntos nos pueden tomar menos tiempo, menos recursos y a la misma vez dar un resultado positivo. Eso es administración”  , apostilló.

Ahora toca poner manos a la obra, empezando por finalizar las investigaciones que están pendientes en su oficina. “  El propósito que tenemos es tratar de concretarlas y llevarlas a su punto final lo antes posible sin prejuiciar cuál sería el resultado”  .

Entre ellas deberá evaluar las investigaciones contra la cadena estadounidense de farmacias Walgreens. Una, abierta desde el año 2005 y otra de 2011, incoada por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) por la exagerada proliferación de la cadena.

Y es que, según dice, le interesa tener un sistema en que se puedan llevar a cabo las investigaciones de una manera efectiva y en períodos de tiempo razonables para poder llegar a las conclusiones, y si se identifica una violación a algún estatuto o un reglamento, presentar las acciones que sean necesarias y pertinentes. “  Porque al final y a la postre nadie se beneficia de tener investigaciones abiertas allí cogiendo polvo”  .

No es solo que las investigaciones inconclusas no benefician a las personas que estarían siendo afectadas, por algún tipo de conducta anticompetitiva, sino que la dejadez del Departamento de Justicia crea un ambiente de “  inestabilidad e incertidumbre”   que en el mundo de los negocios, particularmente, y en el mercado es fatal. “  Es fatal, porque es muy difícil identificar cuál es mi futuro y qué cosas puedo o no puedo hacer. Cuando me voy a acercar a una mesa de negociación no sé si esto me va a producir algún tipo de problema o no, si estoy en violación a algún reglamento o algún estatuto, y necesitamos tener claridad en ese aspecto”  .

Las multas no son disuasivas

El secretario auxiliar admite que no conoce ninguno de los tres proyectos que se han redactado para enmendar la Ley de Monopolio de Puerto Rico o Ley 77 de 1964, dos de ellos de la autoría del actual gobernador Alejandro García Padilla, el P. del S. 1300 de 2009 y un borrador para adoptar la Ley Antimonopolios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2013. El otro es de su predecesor, José Díaz Tejera, que crearía la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio de 2010. Díaz Tejera, renunció al puesto el 31 de octubre de 2012, luego de diez años al frente de la OAM.

Por eso ya está trabajando en un borrador de proyecto para hacer varios cambios a la ley vigente. Algo que le preocupa son las ineficientes penalidades y multas que se imponen cuando se encuentran violaciones a la ley o los reglamentos.

“  Como la economía ha crecido desde 1964, las penalidades que están incluidas en la ley se quedan cortas, son ineficientes, no representan un disuasivo para evitar las instancias cuando se incurre en conducta injusta para la competencia. Especialmente si se trata de un miembro del mercado que tiene ganancias sustanciales. Es muy fácil sacar 10 mil dólares si al mes se hacen millones y millones”  , remachó.

El funcionario no quiso soltar prenda de por dónde andan las investigaciones contra Walgreens iniciadas hace siete años. Tampoco quiso emitir juicio sobre si la proliferación de esas farmacias extranjeras ha incidido en la reducción de las farmacias de comunidad.

Débil aplicación de la Ley de Monopolio en Puerto Rico Es un hecho que a partir del 2005, cuando se derogó la aplicabilidad de la ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia a las farmacias en un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, esa cadena de farmacias ha duplicado el número de establecimientos de 50 a 117, mientras las farmacias de aquí se han reducido de 932 a 715. Pero la cadena no es el único verdugo de las farmacias de comunidad también lo son Walmart, Kmart, Cotsco, Sam’s, los supermercados y las gasolineras.

Explicó que son muchas las razones que pueden derivar en la reducción del número de farmacias boricuas además de las conductas en violación de las leyes de monopolio y sus reglamentos o competencia desleal e injusta. Mencionó, entre otras, los cambios en la manera de hacer negocios, sistemas más eficientes de facturación, mayor poder de compra, o modelos más eficientes de hacer negocio. “  No siempre estamos hablando de acciones que pueden ser consideradas ilegales, y eso es lo que la investigación tiene que enfocar: cuál es el motivo por el cual llegamos del punto A al punto B para entonces saber si se trata de una conducta ilegal”  .

“  La línea hay que demarcarla con mucho cuidado porque tenemos que incentivar la eficiencia, la innovación, la creatividad, los mejores servicios al consumidor, y no desincentivarla con acciones que no son meritorias porque no existe tal conducta en violación de leyes y reglamentos”  , añadió.

El efecto de la colonia

Pero las políticas del Estado para incentivar la inversión nacional y foránea son harina de otro costal puesto que su responsabilidad es analizar si los métodos son justos o injustos. Lo demás, dice, es responsabilidad del Gobernador y la Asamblea Legislativa, “  que son quienes deciden la política pública sobre este asunto. Si ellos delegan el asunto a esta oficina, entonces se podría atender pero hay que verlo desde el tema de la competencia”  .

En el caso de Puerto Rico, la relación política con los Estados Unidos supone un reto adicional. Y es que por la condición colonial de la isla, existen limitaciones de cómo se protege e incentiva la economía nacional sin que choque con la política estadounidense de libre comercio.

“  Si cuando hablamos de proteger la economía local como se define es cubrir a esos miembros y dejar a un lado la inversión foránea o tratarlos de una forma en detrimento de esa inversión, el resultado va a ser que el tribunal o algún panel de arbitraje va a decir ‘eso no está bien’ por las limitaciones que tenemos tanto por las leyes federales como por el comercio a nivel internacional”  , insistió.

Recordó que incluso en los Estados Unidos, para dar incentivos especiales a los miembros de las economías estatales hay que hilar fino para no caer en “  la trampa de la cláusula de comercio interestatal que fue lo que sucedió con los CNC”  . Lo mismo también se reproduce con los tratados de libre comercio.

Dio como ejemplo que actualmente los Estados Unidos tienen muchos problemas con los subsidios a la industria agrícola “  porque la regla general es que tú no puedes dar preferencia a los miembros de tu economía local sobre los foráneos y hay excepciones que hay que tratar con mucho cuidado”  .

A lo anterior hay que añadir que como las reglas de juego han cambiado, desde 1964, habría que aclarar que muchas conductas que en las décadas pasadas se consideraban como violatorias de las leyes y reglamentos de competencia, “  hoy día se entiende que pueden producir mucha eficiencia y son positivas”  .

Miedo no, respeto sí

Débil aplicación de la Ley de Monopolio en Puerto RicoAlvarado asegura que a la Ley de Monopolio no hay que tenerle miedo, sino respeto. “  Lo que sí deben tener es la certeza de que esta oficina, bajo la dirección de este servidor, va a hacer una fiscalización fuerte y vigorosa del estatuto y los reglamentos que tenemos en nuestras manos. Y donde identifiquemos la conducta que viola nuestras leyes, vamos a intervenir sin ningún reparo. Aquí la impunidad quedó fuera. Eso va para Juan del Pueblo y va también para las grandes corporaciones que tenemos aquí”  , aseveró.

Reiteró que no basta con la conducta para establecer la violación de la ley, lo que es necesario es hacer un examen cuidadoso de cuáles son las eficiencias y los beneficios versus el efecto anticompetitivo que va a tener en el mercado. “  Es algo que habría que examinar y discutiremos a fondo cuando se tenga el proyecto en las manos”  .

Al cierre de esta edición y a pesar de los compromisos del gobernador García Padilla, así como el de los presidentes de Cámara y Senado, Jaime Perelló y Eduardo Bhatia, no se ha sometido proyecto alguno para enmendar la caduca Ley de Monopolio de Puerto Rico.

La única gestión del ejecutivo al respecto ha sido circular para evaluación un borrador de proyecto para adoptar la Ley Antimonopolios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2013, una copia fiel y exacta de un proyecto suyo de 2009, el P. del S. 1300, que al ser evaluado resulta claro que hay un ánimo más condescendiente hacia el sector comercial, disponiendo requisitos más favorables y sanciones económicas sustancialmente más bajas que las del proyecto de 2010, y en algunos casos, las de la ley de 1964, según enmendada y aún vigente.