NUESTRA HISTORIA

La Asociación Farmacias de Comunidad de Puerto Rico ha sido participe de la historia de nuestro país durante siete décadas, siendo creada el 1 de diciembre de 1952, en San Juan. La Asociación buscaba educar a sus miembros para mejorar el servicio farmacéutico a los pacientes, y defender la sobrevivencia económica de las farmacias puertorriqueñas.

Quince directores firmaron los artículos de incorporación de la organización que nació el mismo año en que se firma la Constitución del Estado Libre Asociado.

Estaba integrada por propietarios de farmacias legalmente establecidas aquí. Miguel Saavedra, Francisco Rahola, Santos Feliú, Joaquín A. Gautier, Carmen Burés, Francisco Collazo, Esteban Amador, Augusto Font, Jr., J.V. Quiñones, M.A. Ramírez, Vicente Hita, Jr., David Hurst, Eloy Báez, Rosita Azize y Lydia Marcos.

En 1997 se enmendó el certificado de incorporación para cambiarle el nombre de Asociación de Dueños de Farmacias de Puerto Rico a la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico.

Desde su incorporación, la Asociación ha dado grandes luchas para que el país tuviera legislación que promoviera el bienestar de los pacientes y fortaleciera a las farmaicas de comunidad. Entre esta legislación destaca la aplicación a las farmacias de los Certificados de Necesidad y Conveniencia (CNC), ya derogado, instrumento de planificación del Departamento de Salud para el establecimiento ordenado de las farmacias en Puerto Rico; la aprobación de una nueva Ley de Farmacia; la inclusión en la Ley de Farmacia del artículo 5.10 para impedirles a los grupos de médicos bajo corporaciones profesionales o administradores de beneficios de farmacia dirigir pacientes a farmacias específicas, así como el respaldo para el establecimiento de la receta electrónica; la enmienda para conseguir que las farmacias se convirtieran en centros de inmunización, y la reglamentación de los Administradores de Beneficios de Farmacia, o PBM’s por sus siglas en inglés.

La llegada a Puerto Rico de la primera cadena de farmacias estadounidense, en el año 1959, alertó a los dueños de farmacias puertorriqueñas de los cambios que se producirían en la nueva década.

Según recuerda Don José «Pepito» Pérez de Gracia, farmacéutico y dueño de la cadena de Farmacias Plaza, presidente de la AFCPR hasta 1972, ya se anticipaba que vendría a Puerto Rico una cadena de farmacias estadounidense, la Rexall Drugs, que se convertiría en Farmacias Moscoso, luego que Teodoro Moscoso le comprara a Rexall Drugs.

La cadena de farmacias boricua, según Pérez de Gracia, no representaba mayores inconvenientes para el resto de las farmacias de comunidad hasta que en 1962 llegó Walgreens.

Según Pérez de Gracia, entre 1964 y1966, se funda el primer grupo de compras de dueños de farmacia, Golden Cross, para abaratar costos y ser más competitivos, comprando en cantidades mayores, lo que no podía comprar una farmacia sola.

Para hacerle frente a la competencia extranjera que entró con fuerza y un modelo de negocio diferente, del mismo grupo de Golden Cross, nació la Droguería Río Piedras. Enrique «Naguib» Sued Juliá, farmaceútico/ dueño de la Super Farmacia Rina y la Farmacia Derkes en Guayama, y miembro de la Junta de directores, recuerda que los dueños de Droguería Río Piedras no podían tener más de un 10 por ciento de las acciones, por lo que se creó como una corporación de dueños de farmacia. Cambió de Golden Cross a Droguería Río Piedras.

La fórmula resultó ser muy exitosa al extremo de que se hacía una inversión de dos o tres mil pesos y al año ya lo habías amortizado, y daban un por ciento mayor de ganancias, recuerda Sued Juliá

Pérez de Gracia recuerda las dificultades que tuvo la Asocición a principios de la década de los 1970, donde se perdieron socios en la Asociación y cuando él llega a la presidencia de la organización tuvo que convencer dueños de farmacias para que pagaran la cuota. En los años 70-71 había unos 32 o 34 miembros activos solamente.

En ese entonces, el único capital de la organización era un solar que tenía la asociación en Río Piedras, ya que no tenían recursos. El gran reto que enfrentó Perez de Gracia fue mantener vivo al grupo que había, y salvar ese terreno, para poder hacer el trabajo que la Asociación tenía que hacer cuando empezó la competencia de las cadenas extrnajeras.

Con la llegada de las cadenas extranjeras, las circunstancias cambiaron para los dueños de las farmacias locales. Los planes médicos no existían y las farmacias le vendían directamente al paciente. El farmacéutico Arnaldo Colón Berlingeri, socio honorario de la AFCPR y quien fuera dueño de farmacia recordaba que sólo existían dos aseguradoras: Triple S y Cruz Azul. Éstas pagaban el medicamento sin descuento, lo equivalente a vender cash. Este modelo daba pocas ganancias, pero era como vender cash.

La llegada de Walgreens coincide con la estrategia de los planes médicos por aplicar descuentos al costo de los medicamentos, recuerda Sued Juliá.

En esos años, la organización cabildeó para que se incluyera a las farmacias como una institución de salud a las que le aplicaran los Certificados de Necesidad y Conveniencia, en un intento por detener la construcción desordenada de farmacias Walgreens, quienes se opusieron a los mismos.

El pasado presidente de la Asociación, licenciado Angel Oliveras, recuerda como el triunfo de Pedro Rosselló en las elecciones de 1992 obligó a la Asociación a activar un fuerte y costoso cabildeo en la Legislatura para frenar la intención del Ejecutivo de eliminar los Certificados de Necesidad y Conveniencia en detrimento de las farmacias de comunidad.

Colón Berlingeri recuerda su visita a Fortaleza para comunicarles que el gobernador Rosselló iba a eliminar los Certificados de Necesidad y Conveniencia ya que él creía en la libre competencia. La Asociación contrató al licenciado Gerardo Carlo Linares y cabildearon en la Legislatura, logrando que el senador Nicolás Nogueras y el representante Antonio Silva le pidieran al licenciado José Jaime Pierluisi, ayudante del gobernador, que no enviara el proyecto, que se envió.

La AFCPR invirtió sobre $50,000 en el pleito que llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, luego que el Tribunal de Distrito Federal en Puerto Rico derogara su aplicación en el año 2005.

De hecho, la ley está activa para todas las demás instalaciones de salud, como hospitales, laboratorios clínicos y centros de salud en el hogar, pero no para las farmacias.

En Estados Unidos esta ley no existe, aunque hay ciertos estados que tienen una versión de la misma para algunas instalaciones de salud. El estatuto se originó durante la presidencia de Teodoro Roosevelt, por un período y luego se derogó, pero Walgreens argumentó en su pleito contra el Departamento de Salud, que éste lo utilizaba para discriminar contra la cadena y que era una interferencia contra el comercio interestatal y una violación al Dormant Commerce Clause.

La Asociación también dio la batalla para que el Departametno de Justicia declarara a Walgreens como un monopolio a medida que seguía su expansión desmedida y poderío económico.

En los años ochenta, cuando la matrícula de la Asociacióndisminuyó dramáticamente, la farmacéutica Ivette Claudio inició los pasos para su reorganización desde un nuevo organismo, Farmacias Unidas Independientes, para luchar por la estabilidad y crecimiento de la farmacia independiente.

Este esfuerzo mantuvo viva la lucha de las farmacias puertorriqueñas mientras se reinventaba la Asociación de Farmacias de Comunidad.

Según Oliveras y Sued Juliá, la Asociación pudo continuar existiendo, gracias a las gestiones del farmacéutico Raúl González, dueño de la Droguería Río Piedras,

Según el recuento de ambos, don Raúl González le prestó $25,000 de un pagaré que él mismo compró a la Asociación para no perder lo único que tenían, con una sola condición: reorganizar la Asociación que pasaba por un prolongado letargo. Ese dinero ninguna junta lo podía usar si no era para comprar una propiedad para las oficinas de la Asociación y así se hizo.

Según Sued Juliá, durante la presidencia del farmacéutico Roberto Peirats, en los primeros años de la Asociación, se operaba desde el baúl del carro porque la Asociación no tenía una oficina. En 2006, durante la presidencia de Julie Hurtado, se compró la oficina en el edificio Capital Center de Hato Rey con un certificado de depósito de $250 mil. Desde entonces, dicha oficina alberga la sede de la AFCPR.

Oliveras recuerda que cuando la Asociación no tenía membresía, caminaban la Isla entera,y después iban al Capitolio a cabildear, obteniendo muchos logros. Éste ha señalado que el Colegio de Farmacéuticos tenía dificultad en entender la importancia de defender los intereses de los dueños de farmacia porque los veían como comerciantes.

Bajo la presidencia de Oliveras en 1994, hubo que aumentar la matrícula, luchar por la permanencia de los Certificados de Necesidad y Conveniencia, combatir la medicina por correo, trabajar en la Ley de Cierre y cabildear constatemente, sin recursos.

En 1998, la reforma de salud de Rosselló trajo un nuevo modelo de salud de cuidado manejado (HMO, por sus siglas en inglés) mediante el cual las farmacias, para participar del plan de salud del gobierno, tuvieron que aceptar que se les pagara por debajo del costo de los medicamentos.
Esta lucha en defensa de las farmacias estaba encaminada en la Asociación cuando llegó a Ana Lourdes Rivera, primero como vicepresidenta en 1998, y luego en el 1999 como presidenta.

Recuerda que en su primer día como presidenta tuvo que atender una demanda en el Tribunal Federal por los contratos de Humana, una de las aseguradoras de la reforma. Estos contratos eran un asunto de «lo coges o lo dejas», ya que las farmacias no tenían opción de negociar con las aseguradoras y tenían que aceptar el precio de los medicamentos impuesto..

Durante la presidencia de Rivera, se logró mantener los Certificados de Necesidad y Conveniencia, la eliminación de la práctica del envío de medicamentos por correo, que aunque era permitido en Estados Unidos, en Puerto Rico había que reglamentarlo.

Fue un periodo de expansión de Walgreens quiénes, en abierta violación de las leyes, construían sus tiendas de conveniencia sin presentaban los Certificados de Necesidad y Conveniencia, ARPE no se los pedía y una vez el gobierno les aprobaba los planos, y construían la estructura, obligaban al estado a autorizar el recetario.

La Asociación y su División Legal tratron de ayudar a socios que tenían problemas con el establecimiento de farmacias extranjeras cerca de las suyas amenazando su subsistencia logrando retrasar la expansión de Walgreens. Pero en 2005 los CNC fueron derogados.

Ante la derogación de los CNC, la cadena CVS entró al mercado y cónsono con su estrategia en los Estados Unidos, comenzó a establecer una farmacia frente a una Walgreens, dando inicio a un proceso de expansión en la isla.

Como presidenta, Hurtado también trabajó en la primera revisión que se hizo a la Ley de Farmacia en tres décadas. Se atemperó la ley para incorporar nuevos avances en la tecnología y los procesos farmacéuticos más recientes.

Hurtado convocó a la matrícula del Colegio de Farmacéuticos y de la Asociación al primer piquete en su historia para exigirle a la entonces gobernadora Sila María Calderón la aprobación de la ley. Fue también la primera vez que una asociación afiliada piquetea a la Cámara de Comercio que se oponía a la aprobación de una enmienda a la Ley de Farmacia que le garantizaba al paciente su derecho a la libre selección de farmacias y evitar el dirigismo de recetas hacia farmacias específicas. Calderón firmó la nueva Ley de Farmacia el 3 noviembre de 2004.

La reforma de la Administración Calderón a la tarjeta de salud de Rosselló creó una figura intermediaria entre las farmacias y la Administración de Seguros de Salud, (ASES), que ha amenazado la solvencia económica de las farmacias y que prevalece hasta nuestros días. Esta figura es el Administrador de Beneficios de Farmacia (PBM por sus siglas en inglés) ha promovido los contratos unilaterales, pago de los medicamentos por debajo de su costo, cargos adicionales a las farmacias, denegaciones de medicamentos a pacientes, retrasos en los pagos a las farmacias, entre muchos otros.

La Asociación comenzó su reclamo de reglamentación de los PBM, una lucha que comenzó con la educación a legisladores y al Ejecutivo en administraciones subsiguientes.

En 2006, un proyecto que les permitía a los proveedores de salud negociar los contratos de servicio con las aseguradoras y los administradores de farmacia, fue convertido en ley por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Sin embargo, cuando se elaboró el reglamento, se limitó con quién se podía negociar. No permitía la negociación con ASES ni con entidades que manejaran planes Medicare y esas imposiciones, entre otras, hicieron la ley inoperante.

Durante ese mismo cuatrienio, se perdieron los Certificados de Necesidad y Conveniencia y el Gobernador Acevedo Vilá vetó el proyecto para reglamentar los PBM’s.

Con la llegada de la farmacéutica Elda Sierra a la presidencia de la AFCPR, se comenzó a redactar el proyecto que permitía la receta electrónica y también se promovió la incorporación a la Junta de Directores de la AFCPR de miembros de todos los grupos de compras que estaban constituidos en la isla.

Sierra recuerda que bajo su presidencia tuvieron que educar al dueño de farmacia sobre el contrato de adhesión y su impacto en las farmacias para que pudieran estudiar los contratos antes de firmarlos ya que eran unilaterales y por adhesión.

A su vez, tuvieron que lidiar con el arresto de 96 médicos falsos, las amenazas de las autoridades de imponer multas por el despacho de recetas falsas y la negativa de ASSMCA de proveer la lista de los médicos concernidos. Al final, la AFCPR, logró que les dieran las listas de médicos y se pudo programar para alertar sobre las recetas de estos médicos.

A su vez, se trabajó con las farmacias especializadas, que llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y que en una opinión del juez asociado (Erick) Kolthoff Caraballo decidió que el paciente puede renunciar a la entrega del medicamento por parte del farmacéutico.

Elliot Pacheco, dueño de farmacia quien asumió la presidencia en 2010, señaló que bajo su presidencia trabajaron la legislación para garantizar el derecho del paciente a la libre selección en la Ley de Farmacia mediante la aprobación de un proyecto que derogaba la licencia de botiquín, lo que hubiera permitido que los médicos ejercieran una función reservada a los farmacéuticos.

Con la aprobación en el 2016 de la ley de Cannabis Medicinal, bajo la presidencia de la farmaceútica y dueña de farmacia Idalia Bonilla, la Asociación se insertó en el debate de la ley del cannabis medicinal y su posterior reglamento para asegurar que no se usurparan términos y acciones correspondientes al farmaceutico licenciado.

Las farmacias de comunidad abogaron porque fueran ellas quienes dispensaran el Cannabis ya que el farmacéutico es quien tiene la experiencia y conocimiento de interacción con otros medicamento y se opusieron a la venta de la llamada moña del cannabis en dichos establecimientos. Cabildearon para que a nivel federal se permitiera la dispensación a través de la farmacia mediante alguna dispensa de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Bajo la presidencia de Bonilla, la Asociación formó parte de una coalición del sector privado que estuvo abogando por la paridad en la asignación de fondos Medicare a Puerto Rico. Puerto Rico tiene la tarifa de Medicare más baja en Estados Unidos, un 40% menos que lo que se paga en dicho país. Cuando los pacientes llegan al tope de su aportación anual, se le dificulta la adherencia a su tratamiento de medicamentos por no poder costearlos.

La crisis fiscal llevó a la Administración de Seguros de Salud (ASES) a revisar los costos del Plan de Salud del Gobierno (PSG), en particular, la Lista de Medicamentos en 2017. La Asociación combatió los cambios agresivos propuestos por ASES y el incremento en los descuentos propuestos de once a catorce por ciento en el costo de medicamentos de uso general, y de hasta un sesenta por ciento en los medicamentos de alto costo por su impacto significativo en los pacientes y en las farmacias de comunidad.

Bajo la presidencia de Vicmaris González, se llevó a cabo una campaña de concienciación sobre los efectos adictivos de ciertos analgésicos recetados para el dolor y sus efectos sobre la salud que llevan el uso y abuso generalizado de opiáceos.

Bajo la presidencia de González, se logró una enmienda a la Ley de Farmacia para permitir a los farmaceúticos certificados a vacunar jóvenes entre las edades de 12 y 17 años, cuando bajan los porcientos de inmunización. Los farmaceúticos estaban facultados a vacunar personas mayores de 18 años y esta ley les permitió ampliar los servicios de vacunación, de particular importancia en municipios de la isla donde no abundan los centros de vacunación ni los pediatras vacunan en sus oficinas.

También, en el 2019, se logró ampliar el acceso a todas las farmacias de comunidad con centros de inmunización en el programa federal adminsitrado por el Departamento de Salud, Vaccines for Children y Vaccines for Adults para facilitar el acceso de vacunación a pacientes médico indigentes.

Luego de más de diez años de luchas, bajo la presidencia de Vicmaris González, dueña de farmacia, sen el 2018 se logró la aprobación de un proyecto de ley para regular a los PBM del país. La ley dispone que el ente regulador será el Departamento de Salud y la redacción de un reglamento par la implantación de la ley. Sin embargo, en el 2020 la Junta de Supervisión Fiscal impugnó dicha ley por el costo que tendría.

La Asociación promovió lesgislación apra que se eximiera a los medicametnos del recetarios del impuesto al inventario municipal que encarece el costo de los medicamentos y limita los inventarios disponibles en las farmacias.